La denuncia apunta a poner bajo la lupa millonarias erogaciones de fondos públicos y determinar si el Municipio cumplió con los controles exigidos por la Ley Provincial N.º 1364 antes de contratar y pagar por estas prestaciones.
Según sostiene Espeche, existirían dudas sobre si UISE contaba con la habilitación correspondiente, seguro de responsabilidad civil y Director Técnico, requisitos previstos por la normativa provincial.
El punto central será el artículo 22, que establece que el contratante debe requerir previamente al prestador un certificado que acredite su habilitación.
Por eso, el concejal pedirá que se revisen expedientes, contratos, órdenes de pago, facturas y certificados de habilitación, además de solicitar información a la Policía Provincial sobre la situación registral de UISE para prestar servicios de vigilancia.
La presentación también busca determinar si hubo incumplimientos y, eventualmente, qué responsabilidades administrativas, patrimoniales y/o políticas podrían corresponder.
💰 Fondos públicos, contrataciones y controles: la denuncia promete abrir un nuevo frente de discusión sobre el manejo de los recursos municipales.
