Como contraprestación por la cesión del terreno, Alarkén S.A. asume el compromiso de ejecutar diversas obras de infraestructura e integración:
Centro de atención: Construcción de un Centro de Visitantes y un pórtico de acceso.
Movilidad y logística: Un área de estacionamiento con capacidad para 50 vehículos.
Recreación y senderismo: Trazado de red de senderos, señalética turística e infraestructura hípica para albergar hasta 100 caballos.
Prohibiciones: El texto del convenio impone restricciones explícitas sobre procesos de urbanización, edificaciones de carácter permanente no autorizadas y desarrollo de actividades extractivas.
El eje de la polémica: ¿conservación o privatización de hecho?
A pesar de que el proyecto se presenta oficialmente bajo las banderas de la conservación ambiental y la puesta en valor del espacio público, el debate político y social suma voces de cautela. La principal interrogante que sobrevuela el recinto deliberativo es el motivo por el cual la administración local requiere ceder la custodia de una porción tan significativa del patrimonio natural durante décadas para garantizar su preservación.
El punto neurálgico del conflicto no reside únicamente en la construcción de los senderos o la playa de estacionamiento, sino en las condiciones, el tiempo y la representatividad de quién gestionará el acceso libre a esas 72 hectáreas. Mientras la sesión parlamentaria permanece pospuesta, la transparencia del acuerdo y los mecanismos de control sobre el cumplimiento de los compromisos privados continúan en el centro de la escena pública.
