Los gremios responsabilizaron a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por el conflicto y cuestionaron que se intente trasladar esa responsabilidad a la Dirección Provincial de Puertos, al remarcar que no mantienen ningún conflicto laboral con el organismo fueguino.
“Nuestro reclamo es contra la ANPyN, que nos impide hacer aquello que sabemos hacer: trabajar”, señalaron.
Según las organizaciones, la intervención nacional dispuesta en enero de 2026 dejó a 140 trabajadores fuera de sus puestos laborales, generando incertidumbre para ellos y sus familias.
En el comunicado, sostuvieron que las protestas buscan recuperar las fuentes de trabajo, defender los derechos de la provincia y reclamar que el Puerto de Ushuaia vuelva a la órbita provincial.
También manifestaron su disposición al diálogo con las cámaras empresariales para encontrar alternativas que permitan preservar la actividad económica, aunque advirtieron que no aceptarán presiones ni condicionamientos sobre su reclamo.
“No queremos ser rehenes de disputas políticas ni de intereses económicos”, expresaron.
El pronunciamiento concluye con un mensaje contundente: “La dignidad de los trabajadores y sus familias no se negocia. La soberanía tampoco”.
El conflicto portuario suma así otro capítulo de tensión: los gremios rechazan que se responsabilice a los trabajadores por las consecuencias de la intervención nacional.
