La presentación apunta a obtener respuestas oficiales sobre cuestiones bastante concretas: quién es el titular del inmueble de San Martín 1052, qué balances presentó la Fundación durante los últimos diez años, quiénes trabajan allí, cuánto cobran, de dónde provienen los recursos y qué relación económica o jurídica mantiene con el Estado.
Sciurano pidió además que se informe sobre posibles subsidios, convenios, aportes, comodatos, cesiones de uso y programas de empleo, mientras que a la AREF le solicitó conocer la situación fiscal de la entidad y los contratos de locación celebrados durante la última década.
Y acá aparece el costado político: la Fundación está vinculada a Pino y López, dos dirigentes que ocupan actualmente cargos públicos y que desde 2017 impulsan este espacio cultural, social y político.
Sciurano, además, no desconoció que existe una larga disputa política con Pino. Pero esta vez decidió llevar la discusión a los papeles: cinco organismos deberán aportar información y los proyectos establecen un plazo de diez días hábiles para responder.
El propio Sciurano buscó bajar el tono de una eventual acusación y fue claro: “No estoy poniendo en tela de duda ninguna cosa rara. Solamente me interesa saber cuál es la respuesta”. Incluso sostuvo que, si las dudas quedan despejadas, los pedidos podrían terminar jugando a favor de Pino y López.
Ahora la pelota está del otro lado: que aparezcan los papeles, los balances, los contratos, los aportes y la información fiscal.
Porque en política, cuando se habla de transparencia, hay una pregunta que siempre incomoda: ¿está todo en orden?
