Las iniciativas, ingresadas bajo los asuntos 545/26, 548/26, 549/26, 550/26 y 551/26, procuraban emplazar a distintos organismos públicos a brindar precisiones en un plazo de diez días hábiles sobre el patrimonio, la situación contable, la nómina de trabajadores, las cargas fiscales y los eventuales lazos económicos que la institución mantiene con el Estado provincial.
Sin embargo, el Orden del Día fijado para la sesión del pasado 1° de octubre confirmó la desactivación del mecanismo de control al destinar el conjunto de los expedientes de manera directa al archivo legislativo.
Los requerimientos elaborados por el parlamentario radical apuntaban a reconstruir la arquitectura financiera y la legalidad del funcionamiento de la entidad con sede central en Ushuaia y presencia en Tolhuin:
Patrimonio e Inmueble (Registro de la Propiedad Inmueble): Requería identificar al titular dominial de la sede ubicada en la calle San Martín 1052 de Ushuaia, solicitar sus datos catastrales e informar la existencia de restricciones, usufructos, comodatos o hipotecas.
Cuentas y Balances (Inspección General de Justicia): Solicitaba la rendición de balances y estados contables de los últimos diez ejercicios comerciales, incluyendo el desglose de ingresos, egresos y comprobantes de la administración.
Planta Laboral (Ministerio de Trabajo y Empleo): Indagaba sobre la nómina de personal, tipos de contratación, salarios percibidos y si la institución se beneficia con programas de empleo o subsidios estatales para el financiamiento de sus empleados.
Vínculos con el Estado (Poder Ejecutivo Provincial): Cuestionaba la eventual existencia de convenios de asistencia, subsidios, aportes económicos directos, comodatos o cesiones de uso vigentes entre el Estado fueguino y la entidad
