La devolución de la flota se concretó luego de una intimación formal de la conducción entrante y, según lo denunciado, dejó al descubierto un esquema de uso discrecional del patrimonio sindical. Entre las unidades mencionadas aparecen 11 vehículos asignados a familiares directos del exdirigente, además de automóviles de alta gama cuyo mantenimiento era afrontado con los aportes de los trabajadores.
Mientras se conocía esta situación en la conducción nacional, en Tierra del Fuego la crisis golpea directamente a los afiliados metalúrgicos.
La Justicia investiga presuntas maniobras vinculadas al vaciamiento de las prestaciones de la obra social y serias irregularidades en la administración del sanatorio propio, en un contexto donde numerosos trabajadores habrían quedado sin cobertura médica.
La falta de atención terminó trasladando parte de la demanda al sistema público. La directora del Hospital Regional de Río Grande, Viviana Müller, alertó sobre una deuda de aproximadamente $10.500 millones de las obras sociales con el hospital, un pasivo que compromete seriamente los recursos destinados a la salud pública.
El contraste genera una pregunta inevitable entre las bases:
¿Dónde están los aportes de los trabajadores mientras los afiliados tienen problemas para acceder a la salud?
La devolución de vehículos y las investigaciones sobre las prestaciones médicas vuelven a poner bajo la lupa el manejo del patrimonio y los recursos de la organización sindical.
