El abogado especialista en Derecho de Familia, Enzo Silva, explicó que la cantidad de inscriptos aumentó de manera significativa desde 2020, cuando el registro contaba con menos de cien personas. Según señaló, la pérdida de empleo y las dificultades económicas influyeron en el incremento de los casos, aunque aclaró que algunos incumplimientos comenzaron antes de la situación actual.
La Ley Provincial N.° 531 establece que una persona puede ingresar al registro cuando adeuda tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas dentro de un período de 24 meses. La inscripción requiere una orden judicial, que puede ser solicitada por la parte afectada o dispuesta por el juzgado.
Silva remarcó que la falta de trabajo, los problemas económicos o los conflictos entre progenitores no eliminan la obligación alimentaria, ya que se trata de un derecho de los niños y adolescentes.
Entre las consecuencias para quienes integran el registro se encuentran restricciones para acceder a determinados cargos públicos, ejercer funciones en organismos estatales, obtener créditos, abrir cuentas corrientes en el Banco de Tierra del Fuego y ser proveedores o contratistas del Estado.
Además, dependiendo de cada caso, la Justicia puede disponer medidas como restricciones para salir del país o la provincia, impedimentos para renovar la licencia de conducir o limitaciones para participar en determinados ámbitos.
El especialista recomendó iniciar los reclamos mediante carta documento, mediación o vía judicial, ya que la cuota alimentaria comienza a ser exigible desde el momento del reclamo y no de manera retroactiva.
Silva también alertó sobre el aumento de la conflictividad familiar y destacó que la cuota alimentaria no debe ser utilizada como una herramienta de negociación entre adultos, sino como una garantía para cubrir las necesidades de los menores.
