La iniciativa crea un “Régimen General de Autorización Legislativa Previa”, mediante el cual determinados actos de disposición, adjudicación, concesión y otorgamiento de derechos de uso o explotación económica deberían contar con una autorización legislativa antes de ser concretados por el Ejecutivo.

El proyecto alcanza, entre otros puntos, tierras fiscales e inmuebles provinciales, aguas, costas, acuicultura, explotación comercial pesquera, recursos naturales y concesiones sobre bienes e infraestructura estatal. También contempla renovaciones, prórrogas, transferencias y modificaciones sustanciales de las condiciones originales.

A diferencia de una propuesta presentada por el MPF en marzo, el nuevo texto excluye permisos personales de pesca deportiva o recreativa, actos ordinarios de administración sin explotación económica relevante y determinadas autorizaciones transitorias.

El Ejecutivo mantendría a su cargo las evaluaciones técnicas, jurídicas, económicas y ambientales. Una vez que el trámite esté en condiciones de avanzar, debería remitirlo a la Legislatura y obtener una ley de autorización antes de otorgar el derecho.

Uno de los puntos centrales es que no se establece un plazo para que la Legislatura resuelva. El proyecto determina además que el silencio o la falta de tratamiento no podrán interpretarse como una autorización tácita. Si el Ejecutivo otorgara el derecho sin autorización legislativa, el acto sería considerado nulo.

La propuesta también abre un debate constitucional. La Constitución provincial establece atribuciones de la Legislatura sobre recursos naturales, tierras y aguas, pero contempla expresamente la autorización legislativa para concesiones y convenios hidrocarburíferos.

El interrogante planteado es si una ley ordinaria puede extender ese mecanismo a otros recursos y concesiones, modificando en los hechos la distribución de competencias