La medida busca evitar una aprobación automática y garantizar un debate exhaustivo en las comisiones de Educación y Presupuesto.
En declaraciones radiales, la parlamentaria remarcó la división de poderes frente a la herramienta constitucional utilizada por la gestión del gobernador Gustavo Melella, la cual otorga un plazo máximo de 30 días a la Cámara para pronunciarse.
“No podemos dejar que el Ejecutivo se arrogue la facultad de legislar. La facultad de legislar es del Poder Legislativo. Queremos quitarle el trámite de urgencia y tratar este proyecto como debe tratarse, en el ámbito de las comisiones y con un debate profundo”, aseveró Gracianía.
Para concretar el procedimiento, la legisladora explicó que la bancada impulsará la convocatoria a una sesión especial —la cual requiere la firma de al menos cinco parlamentarios— o bien lo planteará en la próxima sesión ordinaria, requiriéndose una mayoría simple para desestimar el plazo perentorio.
Rechazo a la presión impositiva y revisión del gasto
Uno de los puntos críticos del proyecto oficial reside en las modificaciones tributarias. Gracianía coincidió con los reclamos del sector privado ante el eventual incremento en la presión fiscal y criticó lo que definió como recurrir sistemáticamente a la "fórmula mágica" de declarar emergencias y subir impuestos.
