Pino cuestionó que la medida adoptada por la gestión del presidente Javier Milei haya sido resuelta de manera unilateral, sin articulación ni consulta previa con la Municipalidad de Ushuaia ni con el Gobierno de Tierra del Fuego. Remarcó, además, que la decisión desconoce las facultades municipales sobre la planificación urbana y las normas de uso y ocupación del suelo.
Un espacio estratégico para la comunidad
El inmueble se encuentra delimitado por las calles Yaganes, Héroes del ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Monte Horeb, en las cercanías del edificio de la Legislatura provincial. Según detalló el parlamentario, se trata de tierras con un alto valor por su ubicación y por contar con servicios de red de gas, agua y cloacas.
Pino recordó que el predio —que históricamente estuvo bajo custodia de la Armada Argentina— es uno de los últimos grandes espacios disponibles en el sector central de la ciudad. Asimismo, destacó la existencia de iniciativas locales sobre estos terrenos, como la Ordenanza Municipal 5071 sancionada en 2016, que reservó el área para la creación de un Parque Recreativo.
Como antecedente de gestión conjunta, el legislador mencionó un proyecto de su autoría de 2006 (aprobado y concretado en 2015) para la apertura de una calle en la zona de la Base Naval, lo que permitió mejorar la conectividad y el tránsito urbano. También advirtió sobre la situación de otro inmueble nacional en Bahía Golondrina, conocido como “Los Coreanos”, incorporado a procesos similares.
Críticas al modelo económico y llamado a la unidad
En el marco de su reclamo, el parlamentario vinculó la venta de los terrenos con un contexto de decisiones nacionales que afectan a la provincia, mencionando la intervención del Puerto de Ushuaia, la Base Naval Integrada y la baja de aranceles industriales.
“Para el modelo económico de Milei no existen la soberanía, la preservación ambiental ni las necesidades de Ushuaia; todo se reduce a un inventario liquidable al mejor postor”, afirmó Pino, quien además sostuvo que el Gobierno nacional detrae fondos provinciales y destruye puestos de trabajo en la industria fueguina.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a todas las fuerzas políticas de Tierra del Fuego para pronunciarse en conjunto, repudiar el Decreto 764/26 y exigir que la Nación desista de la venta, garantizando que el destino de las tierras contemple las necesidades sociales, urbanas y ambientales de la comunidad fueguina.
