La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Gustavo Melella, establece un nuevo esquema de financiamiento para el sistema educativo y contempla herramientas tributarias que generaron cuestionamientos de sectores comerciales y productivos.
Según información extraoficial, los legisladores Juan Carlos Pino, María Victoria Vuoto y Tomás García mantendrían esta postura en la sesión prevista para este jueves.
El artículo 111 de la Constitución Provincial establece que los proyectos enviados con trámite de urgente tratamiento cuentan con un plazo de 30 días. Si no son rechazados expresamente dentro de ese período, se tienen por aprobados. La Legislatura puede retirar la urgencia y devolverlos al tratamiento ordinario.
De esta manera, si el PJ no acompaña la eliminación de la urgencia, el reloj constitucional seguirá avanzando.
La postura estaría vinculada, según la información publicada, a los compromisos asumidos con el sector docente y a la intención de evitar un nuevo enfrentamiento con el gremio tras el conflicto salarial que atravesó la provincia.
El jueves, entonces, la Legislatura deberá definir si mantiene o elimina el trámite de urgencia de un proyecto que podría avanzar hacia su aprobación mediante el mecanismo constitucional si transcurre el plazo sin un rechazo expreso.
