Tras la resolución adoptada por el Juez Federal Mariel Borruto, el intendente de Río Grande, Lic. Martín Pérez, expresó su categórico apoyo a la decisión judicial que declaró la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande para tramitar la demanda colectiva contra las compañías petroleras Rockhopper Exploration plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).
Las empresas extranjeras se encuentran cuestionadas por el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte, proyecto que contempla la operación de pozos submarinos, ductos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) sin autorización del Estado argentino.
Un fallo con eje en la soberanía y el ambiente
La causa (expediente FCR 13706/2026) fue iniciada el pasado 1 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).
El pronunciamiento judicial se fundamenta en la protección de los recursos naturales del lecho y subsuelo de la plataforma continental, el riesgo ambiental interjurisdiccional y la tutela de la soberanía nacional. En uno de los tramos principales del escrito, el magistrado consideró que en el proceso:
“Subyace en ella la defensa de la soberanía nacional, bien colectivo indivisible que reviste la calidad de interés federal por antonomasia.”
A través de sus canales oficiales, Martín Pérez remarcó la importancia del pronunciamiento para los intereses de la provincia y la Nación:
Paso concreto: “Este es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía Argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes.”
Estrategia política: “Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana.”
Conclusión: “Este es el camino.”
Convocatoria a la Provincia de Tierra del Fuego
En atención a la recomendación del Ministerio Público Fiscal, el fallo dispuso dar participación formal a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por un plazo de diez días.
La medida responde al mandato constitucional que otorga a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y reconoce que los espacios marítimos controvertidos integran el territorio fueguino según la legislación nacional vigente.
Estado actual de la causa
Si bien la declaración de competencia constituye un antecedente procesal clave, el tribunal aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo ni sobre las medidas cautelares solicitadas para la suspensión de las operaciones hidrocarburíferas.
