Trabajadores de la salud del Centro Modular Sanitario N.º 34 de Tolhuin hicieron pública una denuncia en la que describen un complejo escenario de presuntas irregularidades administrativas y laborales dentro del establecimiento sanitario. El documento, elaborado a partir de testimonios e información respaldatoria, fue difundido en las últimas horas con el objetivo de promover la intervención de los organismos competentes.

Según el escrito, existe una "degradación estructural del clima de trabajo" producto de la falta de canales institucionales para resolver conflictos internos, situación que, aseguran, afecta tanto al personal como al funcionamiento del servicio de salud brindado a la comunidad.

Los denunciantes sostienen que se registran "fallas sistémicas en la conducción institucional y en la fiscalización de los planteles operativos", además de cuestionamientos relacionados con la carga horaria del personal, la permanencia física en los puestos de trabajo y el cumplimiento efectivo de las guardias profesionales.

Entre las situaciones expuestas, el documento menciona una denuncia vinculada con un caso en el que, según afirman, "la fractura de cráneo de una beba no fue advertida", además de cuestionamientos sobre la atención de pacientes mujeres en consultorios con la puerta cerrada, hechos que consideran requieren ser investigados por las autoridades correspondientes.

Asimismo, los trabajadores sostienen que existiría un trato desigual dentro de la institución, señalando que algunos agentes reciben beneficios o excepciones respecto del cumplimiento de horarios y obligaciones laborales, mientras que otros son sometidos a controles más estrictos.

Denuncian persecución laboral

Otro de los puntos centrales del documento hace referencia a la confección de notas dirigidas al Ministerio de Salud contra médicos y enfermeros que prestan funciones en la guardia.

Según los denunciantes, esas presentaciones serían utilizadas como una herramienta para perjudicar al personal y contendrían cuestionamientos por supuestas ausencias de profesionales que, al momento de los hechos, se encontraban de licencia, de viaje o fuera de la ciudad.

Además, afirman que los trabajadores involucrados no habrían sido notificados formalmente de esas actuaciones, lo que les habría impedido ejercer su derecho a realizar descargos o aportar pruebas en su defensa.

En ese contexto, sostienen que existiría un esquema de persecución laboral dirigido contra quienes mantienen diferencias con la conducción del establecimiento.

Cuestionamientos por presuntos favoritismos

El documento también hace referencia a la situación del Dr. Boris, sobre quien los denunciantes sostienen que habría recibido un trato preferencial al ser designado como reemplazante de las autoridades durante licencias o períodos de ausencia, pese a que otros médicos de planta permanente contaban, según afirman, con los requisitos para asumir esas funciones.

También se mencionan presuntas tolerancias frente a llegadas tarde o ausencias durante las guardias que, según el escrito, no habrían derivado en sanciones similares a las aplicadas a otros trabajadores.

Los denunciantes agregan que, tras el apartamiento del profesional en el marco de una situación de público conocimiento vinculada con una nueva denuncia, el funcionamiento interno del Centro Modular se habría resentido, registrándose la suspensión de reuniones médicas y una reducción significativa —e incluso interrupción— de la comunicación durante los pases de guardia respecto del estado de los pacientes internados.

Intimidaciones y cuestionamientos administrativos

Entre las situaciones denunciadas también se menciona una notificación enviada al personal el 24 de junio de 2026, avalada por la Dirección de Coordinación de Emergencia y Administración, mediante la cual se convocaba de manera obligatoria a una actualización de datos con representantes de la aseguradora La Caja.

Según el documento, la comunicación advertía que quienes no concurrieran podrían recibir cartas documento, una metodología que los trabajadores consideran carente de sustento legal al imponer obligaciones ajenas a las tareas asistenciales bajo apercibimiento de sanciones.

Solicitan intervención de las autoridades

Los firmantes remarcan que el objetivo de la denuncia no responde a conflictos personales, sino a la necesidad de restablecer reglas administrativas claras, transparentes y equitativas dentro del establecimiento sanitario.

Finalmente, advierten que la concentración de facultades para denunciar, sancionar y autorizar distintas actuaciones en un mismo sector directivo, sin mecanismos externos de control, podría favorecer situaciones de arbitrariedad, discriminación laboral y riesgos para la calidad de la atención que recibe la comunidad de Tolhuin.

Fuente: Desde las Bases.