En una jornada marcada por la tensión con los gremios de la educación, el Gobierno nacional confirmó que este lunes 3 de agosto llevará adelante un operativo de supervisión en establecimientos educativos de todo el país. El objetivo central del despliegue impulsado por la Secretaría de Trabajo es fiscalizar que las escuelas garanticen una prestación mínima del 75 % de su servicio habitual durante la medida de fuerza convocada por las entidades sindicales.
La decisión fue formalizada a través de un comunicado oficial dirigido a las carteras educativas provinciales. Según se precisó, el relevamiento no abarcará la totalidad de las instituciones, sino que se implementará mediante un muestreo aleatorio de escuelas distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Objetivo del operativo: Constatar el cumplimiento efectivo de la pauta fijada en el artículo 101 de la Ley N.º 27.802, norma que encuadró a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de la categoría de servicios esenciales.
Evaluación de sanciones e informe al CFE
Desde el Ejecutivo señalaron que, una vez finalizadas las tareas en el territorio, la Secretaría de Trabajo elaborará un informe con los datos recolectados y abrirá una instancia de diálogo con las organizaciones gremiales para analizar cada caso particular.
No obstante, el comunicado oficial dejó clara la postura del Gobierno: de comprobarse un incumplimiento del piso del 75 % en la atención escolar, se evaluarán las medidas y sanciones correspondientes contra las organizaciones sindicales responsables.
Los resultados del relevamiento:
Serán difundidos de manera pública.
Formarán parte central de la agenda de la próxima reunión del Consejo Federal de Educación (CFE).
Servirán como base para analizar posibles ajustes o nuevas regulaciones sobre el funcionamiento de los colegios durante huelgas u otros conflictos laborales.
El trasfondo legal y la judicialización
El marco de actuación de este operativo descansa sobre la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, aprobada este año. La norma introdujo reformas profundas en el régimen de conflictos colectivos, prohibiendo a las partes pactar o establecer porcentajes de funcionamiento inferiores al 75 % en áreas catalogadas como esenciales. A pesar de la vigencia de la norma, la efectividad del artículo permanece en el centro de la controversia. Diversos sindicatos docentes ya recurrieron a la Justicia para plantear acciones de inconstitucionalidad, argumentando que declarar la educación como servicio esencial limita de forma desproporcionada el derecho constitucional a la huelga.
