El Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó este lunes la conciliación obligatoria en el Grupo Mirgor, luego de que aproximadamente 300 trabajadores se encontraran con la imposibilidad de ingresar a las plantas de la empresa en la ciudad de Río Grande.
La medida administrativa, adoptada de oficio por la cartera laboral provincial, establece un período de negociación formal de 15 días. Durante este lapso, la situación legal y laboral retrotrae al momento previo al estallido del conflicto y las desvinculaciones, garantizando que los operarios afectados retomen sus labores habituales mientras avanzan las conversaciones.
Convocatoria a las partes y prioridad en el empleo
En el marco de la resolución, la ministra de Trabajo y Empleo, Sonia Castiglione, convocó a los directivos del Grupo Mirgor y a la representación sindical a una audiencia formal para este martes a las 13:00 horas. El encuentro buscará esclarecer los hechos ocurridos en las últimas horas y fijar los puntos de negociación entre las partes.
“Estamos frente a una situación muy delicada, principalmente para los trabajadores y sus familias”, señaló Castiglione, al tiempo que enfatizó la urgencia de generar canales de diálogo para evitar el escalamiento de las medidas de fuerza. La funcionaria ratificó que la prioridad del Gobierno provincial es resguardar los puestos de trabajo en un escenario industrial complejo.
Impacto en la economía local
La titular de la cartera laboral enmarcó el conflicto dentro del convulsionado panorama que atraviesa la industria fueguina, impactada por coyunturas y decisiones del ámbito nacional. En ese sentido, advirtió que la dimensión de Mirgor dentro del entramado productivo de Río Grande hace que el problema trascienda los muros de la fábrica.
“Cuando una actividad que tiene tanta incidencia en el empleo atraviesa dificultades, el impacto no termina dentro de una fábrica: repercute en las familias, en el comercio y en toda la economía de la ciudad”, concluyó la Ministra. Durante los próximos 15 días, tanto la patronal como la representación gremial deberán abstenerse de adoptar medidas que alteren el curso de las negociaciones.
