La iniciativa era impulsada por la Fundación Bienestar, junto a profesionales médicos y farmacéuticos, y buscaba colaborar con familias que hoy no pueden afrontar el costo de determinados medicamentos.
Pero, según denunció Zamora, la respuesta oficial no fue acompañar la propuesta sino intimar a sus organizadores y hasta advertirle a ella por haber difundido la campaña.
“Cuando la solidaridad molesta al poder”, tituló la concejal su publicación.
La situación terminó con la suspensión de la campaña. Ahora Zamora reclama que el Gobierno abra el expediente y habilite la iniciativa, cuestionando el criterio utilizado por la Provincia.
“Regular no debería significar impedir. Controlar no debería significar perseguir. Y gobernar nunca debería significar criminalizar la solidaridad”, sostuvo.
El planteo abre un fuerte interrogante: ¿el Estado está controlando una campaña para garantizar que cumpla las reglas o está frenando una iniciativa que buscaba ayudar a familias que necesitan medicamentos?
Mientras el Gobierno no habilite públicamente la campaña, la polémica queda instalada.
Fuente: Guadalupe Zamora 📍Concejal
