Con una dura crítica a las prácticas del Poder Ejecutivo provincial de nombrar en cargos estratégicos a funcionarios radicados en la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura de Tierra del Fuego comenzará a debatir este miércoles un proyecto de ley que busca regular y endurecer las condiciones para ejercer la representación de la provincia fuera de su territorio.
La iniciativa, impulsada por el legislador Jorge Lechman y registrada bajo el Asunto 056/2026, será tratada a las 11:00 en el marco de la Comisión N.º 1. Su objetivo central es exigir un vínculo real y comprobable con la isla a quienes deban gestionar o intervenir en decisiones que afecten los intereses fueguinos ante organismos nacionales u otras jurisdicciones.
Guerra a los "011" y aval legislativo
El punto más tajante de la propuesta apunta directamente contra los denominados “011” —expresión popularizada por el prefijo telefónico porteño para referirse a dirigentes y asesores que viven en Buenos Aires y son designados por cercanía o conveniencia política sin haber transitado la cotidianeidad de la provincia.
"No cualquiera puede representar a los fueguinos, y mucho menos alguien que no vive en Tierra del Fuego ni conoce nuestra idiosincrasia. Es una falta de respeto", disparó Lechman al fundamentar el proyecto.
Además de limitar las decisiones unilaterales del Ejecutivo, la normativa introduce un mecanismo de control republicano: cada pliego de designación enviado por el Gobierno deberá ser remitido a la Cámara y contar con el acuerdo parlamentario previo antes de quedar formalizado.
Requisitos clave que fija el proyecto
El proyecto no toma en cuenta el lugar de nacimiento del postulante —no discrimina nativos de no nativos—, sino el arraigo efectivo en la provincia.
Requisito exigido
Acreditar un mínimo de 5 años continuos de residencia inmediata en Tierra del Fuego.
EdadTener al menos 25 años cumplidos.
Ciudadanía Ser argentino nativo, por opción o naturalizado (con 10 años de ciudadanía).
Estar inscripto activamente como elector de Tierra del Fuego.
Contar con la aprobación formal de la Legislatura previa a la toma de posesión.
