Su convocatoria tomó relevancia a partir de los interrogantes sobre qué información manejaba mientras estaba al frente de la Secretaría de Energía y qué conocimiento tuvo sobre las gestiones realizadas por la empresa.
El exfuncionario había cuestionado públicamente en distintas oportunidades el avance del proyecto y reclamado determinar quiénes conocían su existencia y bajo qué condiciones había sido autorizado.
A esto se sumaron las declaraciones del ex presidente de la DPE, Alberto Mancini, quien señaló a Solórza como el “alma mater” de la instalación del radar.
Ahora, la investigación deberá determinar qué sabía cada funcionario, cuándo tomó conocimiento y qué decisiones se adoptaron frente al avance del proyecto.
La Comisión buscará reconstruir la cadena administrativa a partir de expedientes, autorizaciones, comunicaciones y gestiones realizadas ante la DPE.
Fuente: Comisión Especial Investigadora / Legislatura de Tierra del Fuego.
